Autor: Enrique Vásquez H. y Álvaro Monge Z.
País: Perú
Año: 2009
Resumen Ejecutivo
El Perú ha experimentado un admirable crecimiento económico y una significativa reducción de la pobreza, sin embargo, al año 2007 persisten todavía casi 1 millón 900 mil niñas y adolescentes rurales que sufren exclusión. Estas niñas viven la desigualdad de género en educación día a día, lo cual es una de las razones del atraso educativo de las mujeres de estas zonas. Así, según cifras del INEI, son más de 740 mil mujeres adultas rurales que ni siquiera han iniciado su educación formal o apenas presentan educación inicial y están sobre todo concentradas en la sierra. Allí, 570 mil mujeres no han culminado un nivel educativo regular alguno. Esta situación requiere la atención inmediata del Estado. No solo porque una mala educación condiciona la capacidad de las niñas y adolescentes de insertarse adecuadamente a una economía social de mercado sino, además, porque desde un enfoque de derechos humanos, afecta su capacidad para desenvolverse como ciudadanas plenas de la sociedad.
La gravedad de los atrasos e inasistencia escolar afectan particularmente a las adolescentes rurales, cuyos padres y madres tendrían un costo de oportunidad muy elevado por enviarlas a la escuela. Por ejemplo, la dedicación a labores del hogar es una de las razones más recurrentes que tiende a disuadir la inversión de los progenitores en la educación de sus hijas. Por ello, el presente estudio plantea la reducción de este costo de oportunidad a partir de transferencias condicionadas en efectivo que disminuya la brecha de género en educación. Se ha comprobado que el Gobierno no ha sido lo suficientemente activo para reducir esta brecha. ¿Acaso los tomadores de decisión no saben que desatender a las niñas y adolescentes rurales alimenta la transmisión intergeneracional de la pobreza?. Por ello, la apuesta de revertir esta situación a partir de un sistema de transferencias monetarias condicionado y focalizado exclusivamente en niñas y adolescentes rurales, es una alternativa posible y necesaria.
Se estima que la brecha educativa promedio es de S/. 14.00 anuales, monto que refleja la diferencia de lo que gastan los hogares en la educación de sus hijos en comparación con lo que gastan en sus hijas. Esta estimación revela dos hechos en la educación de las zonas rurales del Perú. Primero, que la inversión en educación es baja en estas localidades. En promedio el gasto total de un hogar en la educación de sus hijos e hijas es cercano a los S/. 181.00 anuales per cápita. Segundo, la inversión realizada en las niñas es incluso menor. Es decir, el gasto en educación en las zonas rurales no solo es bajo, sino que incluso más bajo en el caso de las niñas (alrededor de 8% menos). Sin embargo, la situación es particularmente dramática para las adolescentes (12 a 17 años). Esto guarda lógica con el hecho que es justamente a esta edad cuando los costos de oportunidad de desarrollar labores del hogar tienden a incrementarse. En particular, las adolescentes perciben una inversión en educación 22% menor respecto a los varones lo que determina una brecha de inversión de al menos S/. 55.00 anuales. Para revertir esta situación se plantea un sistema transferencias condicionado de S/. 55.00 anuales destinado a las 747 mil adolescentes rurales.
Este sistema de transferencias, en principio, no estaría diseñado para las niñas menores de 12 años. Sin embargo, consideramos que las mismas se beneficiarían de manera indirecta toda vez que un sistema de subsidios creíble generaría la expectativa de un beneficio futuro (en la adolescencia) justamente cuando los costos de enviarlas al colegio tienden a ser mayores. Estos beneficios indirectos tenderían a ser más importantes que los que se podría obtener de transferencias condicionadas y diseñadas específicamente para estas niñas, para quienes de acuerdo a la evidencia analizada, los diferenciales de inversión respecto a sus pares varones, tienden a ser muy cercanos a cero.
Sin embargo, hay que notar que estas transferencias resolverían solo una parte del problema: la inequidad de género. Es decir, S/. 55.00 anuales alcanzan para que la inversión en adolescentes varones y mujeres, se iguale. La segunda parte del problema es que "en general" los gastos educativos en la zona rural están muy por debajo de lo considerado óptimo (incluso para el caso de los niños). Para revertir esta situación es necesario desarrollar políticas complementarias que incrementen la inversión "global" en educación realizada en zonas rurales. Asimismo, la "brecha" que se intenta corregir responde solo a la menor inversión en educación en las niñas en comparación con la de los niños susceptible de ser expresado en términos monetarios. Por definición estos dejan de lado los patrones culturales que privilegian la inversión en lo masculino. Esto incluye políticas de alcance estructural que van más allá del interés central de este estudio.
En concreto, el sistema debiera operar como un elemento adicional del programa Juntos (componente de reducción de la desigualdad de género) y en base a las fichas de identificación del Seguro Integral de Salud (SIS). Para asegurar que ello funcione, el monitoreo debiera ser permanente con canales para la participación de las adolescentes de las comunidades que se plantea atender. Una implementación por etapas determina que el programa se inicie con un piloto en Cajamarca (donde la densidad de adolescentes rurales es mayor). Luego, una vez afinado el diseño operativo, evaluados los impactos de la transferencia y re-estimados los montos de la transferencia, la primera etapa del programa debería desarrollarse en la sierra sur. En una segunda etapa se generaliza a toda la sierra y en una tercera etapa, se incorpora a la costa norte, centro y selva. La cuarta y última etapa se desarrolla en la costa sur. El presupuesto anual asignado se estima en cerca de S/. 41.4 millones lo que significa un 2.4% del presupuesto nacional en educación (en inicial, primaria, secundaria y programas de asistencia a educandos) del año 2008 y el 4.5% del Presupuesto por Resultados del año 2009 en lo que respecta a metas intermedias en materia educativa. Justamente, la propuesta específica es incorporar el componente de género en la nueva orientación "por resultados" del Presupuesto General de la República 2009, como una meta intermedia adicional
La presente investigación es un esfuerzo del Movimiento Manuela Ramos por mostrar que es posible avanzar en la reducción de la desigualdad de género en educación a partir de la adopción de políticas públicas. Consideramos que esta propuesta facilitaría la implementación en el corto plazo, del sistema de subsidios planteados desde una perspectiva descentralizada en un contexto de desaceleración de la economía peruana. Justamente es momento que el Gobierno invierta en programas contra-cíclicos y cuya orientación sea proteger los derechos humanos de la niñez más vulnerable: las niñas y adolescentes rurales. Por ello, este programa, complementado con políticas universales de oferta, podría iniciar el proceso de reducción de la brecha educativa de las niñas y adolescentes rurales. En el largo plazo, se espera que este tipo de intervenciones aporte al empoderamiento de las mujeres de las zonas rurales del país y viabilice su inserción exitosa al mercado laboral.