Centro de Recursos Parlamentarios

Autor: Enrique Vásquez H. y Álvaro Monge Z.

País: Perú

Año: 2007

Resumen Ejecutivo

A fines del año 2001, 950 mil personas adultas en las zonas rurales del Perú no habían asistido nunca a la escuela. Del mismo modo, casi 1 millón 350 mil personas mayores de 18 años, tampoco sabían leer ni escribir. Estas condiciones revelaban un clima educativo bastante desalentador en el país y permitían explicar, en cierta medida, la vulnerabilidad económica y social que se había generalizado en el ámbito rural. Sin embargo, si el panorama general parecía desolador, este era (y es) particularmente sombrío para las mujeres que habitan en zonas rurales. Así, al año 2006 se estima que de las 950 mil personas que no habían logrado ningún nivel educativo, 725 mil eran mujeres y del millón 350 mil adultos que no sabían leer ni escribir, sólo 350 mil eran varones. De este modo, la situación de atraso y exclusión en términos educacionales afectaba de modo particular a las mujeres en las zonas rurales del Perú.

Es probablemente por esta razón que el Gobierno inició acciones puntuales para intentar acortar la brecha en educación entre los niños y niñas rurales. Una de las acciones tomadas fue por ejemplo la Ley N° 27558 promulgada en el año 2001. Ciertamente, la literatura económica especializada (por ejemplo: Sen, 2000[1] o Murthi, et.al., 1995[2]) llama la atención sobre la importancia vital que significa educar a las niñas y adolescentes. También sobre acceso y uso de servicios sociales básicos por parte de ellas y, posteriormente, su contribución al incremento de su productividad laboral y así al desarrollo. Sin embargo, desde el enfoque de derechos resulta fundamental asegurar que el Estado brinde los recursos y los utilice al máximo para que facilite el ejercicio y goce de derechos de la infancia, sobre todo, de la más vulnerable como son las niñas y adolescentes rurales.

En consecuencia, ¿cuánto ha cambiado la situación desde el año 2001 al 2007 para la población meta de la Ley 27558?; ¿Por qué es importante educar a los niños, y en particular a las niñas?; ¿Cuánto habría que invertir para lograr la equidad de educación a favor de la niña y adolescente rural en el Perú?; ¿Cuáles son las acciones que deben tomarse, complementarias a la Ley en cuestión, para revertir la inequidad de género?. Estas son algunas de las interrogantes iniciales que se han planteado en torno a la situación de exclusión vivida por las niñas y adolescentes rurales. Asimismo, detrás de estas preguntas emergen otras interrogantes sobre las diferencias de género en el logro educativo y la asistencia y sobre todo ¿cuándo una niña comienza a ser discriminada? ¿Acaso todo es responsabilidad del Estado o en algo tiene que ver la decisión intrafamiliar sobre cuándo y cómo se educa a un hijo o una hija en el sistema regular?.

El presente trabajo intenta mostrar algunas estadísticas y criterios para re-evaluar la efectividad de la normativa y de la institucionalidad responsable de hacer cumplir las leyes. Las encuestas de hogares (ENAHO) del INEI de 2001 y 2006 así como la data de presupuestos del SIAF del MEF del 2007, ayudarán a percibir el grado de cumplimiento de la ley 27558. Una pregunta, por ejemplo, que deberá responderse es ¿por qué casi 192 mil niñas y adolescentes rurales a fines del año 2006 en edad escolar aún no asistían a centros de educación regular? o ¿por qué incluso alrededor de 1 millón de niñas presentaban algún tipo de atraso en su logro educativo?. El presente documento intenta dar respuesta a estas y más preguntas. Por ello, sobre la base del diagnóstico hecho y de la revisión de la literatura internacional, se brindan los criterios de análisis necesarios para que podamos entender por qué y cómo es posible acortar la brecha de género en educación de las niñas y adolescentes rurales en el Perú.